La regla de la mejor evidencia y la falsedad en documentos

Artículo de investigaciónSe realizó un estudio del concepto de la regla de mejor evidencia, sus excepciones y la libertad de medios en los sistemas penales acusatorios de Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia con el propósito de identificar una correcta interpretación para la aplicación del concepto referido en los casos que se investigan por delitos de falsedad en documentos por parte de la Fiscalía General de la Nación.Introducción 1. La regla de la mejor evidencia en las Reglas Federales de la Evidencia 2. La regla de la mejor evidencia en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano 3. ¿Cómo se debe aplicar la regla de la mejor evidencia en los delitos de falsedad en documentos? Conclusiones ReferenciasPregradoAbogad

Valoración de la prueba pericial para determinar la culpabilidad en casos de reincidencia en falsedad documental. Barranquilla 2008-2011

El objetivo de esta tesis es analizar los criterios empleados por el juez en la valoración de la prueba pericial (caligráfica) en la determinación de la culpabilidad en los casos donde se presenta reincidencia en el delito de falsedad documental

La relación de los actos notariales y los delitos de falsedad ideológica en el Juzgado Unipersonal Penal de Tarapoto, 2018-2020

El objeto de estudio es determinar la relación que existe entre los actos notariales y los delitos de Falsedad ideológica en el Juzgado Unipersonal Penal de Tarapoto, 2018 – 2020, la metodología utilizada es de tipo Aplicada con enfoque cuantitativo, el diseño Correlacional y método de corte transversal, porque los datos que se tomaron para su recolección y todo ello se hizo en un tiempo establecido, la población es de 22 expedientes tramitados en el Juzgado Unipersonal Penal de Tarapoto, tomando a ello la muestra equivalente al total de la población que se relacionan al tema utilizando la lista de cotejo para el recojo de la información llegando a la conclusión de que dentro de las funciones notariales que desarrolla el notario, se acredita que el 64% indica que existe un nivel bajo, es decir, el notario no cumple en la gran mayoría de casos con garantizar la seguridad jurídica y evitar el tráfico de documentos. Vista esto se pudo verificar que un 77 % indica que existe un nivel alto de existencia de delitos de Falsedad Ideológica, siendo esta relación significativa debido a la mala actuación del notario en los procesos en vía notarial causando perjuicio patrimonial en las partes

La constitución de una sociedad mercantil dedicada a la peletería

Traballo fin de grao (UDC.DER). Dereito. Curso 2015/201

The role of accreditation witnessed the introduction of a public document in the adversarial system

El presente artículo de investigación aborda, desde la perspectiva de la jurisprudencia y la doctrina nacional, el tema de la necesidad de contar con un testigo de acreditación para la introducción de los documentos públicos en el juicio oral propio del sistema penal acusatorio, atendidas las diversas interpretaciones que se le han venido dando en el país a las normas que regulan el tema y la práctica judicial. El cambio de sistema procesal penal en el país, originado en el acto legislativo 03 de 2002, implicó un cambio trascendental en el régimen probatorio y principalmente en lo que tiene que ver con la prueba documental, toda vez que, contrario a lo que acontecía en el régimen procesal de la Ley 600 de 2000, en el que operaba el principio de permanencia de la prueba, en el nuevo sistema acusatorio sólo se considera prueba la que se practica en sede del juicio oral, público y concentrado. Así entonces, se ha planteado que la introducción del documento público en el sistema acusatorio, que debe hacerse en el juicio para permitir su contradicción, sólo puede cumplirse a través del denominado testigo de acreditación, exigencia que puede considerarse incompatible con la presunción de autenticidad de este tipo de documentos frente a la aplicación del principio de mismidad, que en últimas ha sido el argumento en el que se soporta tal requerimiento procesal.This research article discusses, from the perspective of national jurisprudence and doctrine, the issue of the need for a witness to the introduction of accreditation of public documents in the proper trial of the adversarial criminal justice system, attended the various interpretations that have been taking place in the country to the rules governing the issue and in judicial practice. The changing criminal justice system in the country originated in the legislative act 03 of 2002, involved a major change in the rules of evidence and mainly it has to do with the documentary evidence, since, contrary to what happened in the procedural provisions of Law 600 of 2000, which operated the principle of consistent evidence in the new accusatory system only considered proof that practiced in oral headquarters, and concentrated public trial. So then, it has been suggested that the introduction of a public document in the adversarial system, which must be made at trial to permit contradiction can only be met through the named token accreditation requirement may be considered incompatible with the presumption of authenticity against such application of the principle of sameness documents, which ultimately has been the argument that such a procedural requirement is supported

Incorporación probatoria en el proceso penal acusatorio: estudio de línea jurisprudencial del testigo de acreditación y la prueba con presunción de autenticidad.

El Estado colombiano a partir de la introducción del Acto Legislativo 03 del año 2002 muto su sistema penal, pues asevero el modelo acusatorio de manera no total o absoluta. Esto quebró de contera los paradigmas que se tenían hasta la fecha respecto del denominado sistema inquisitivo. Tal escenario permitió que dentro del proceso penal colombiano se implementara la oralidad y la publicidad como principales pilares para darle mayor garantía a los acervos procedimentales y procesales, de manera que se permitiera la aplicación de la inmediatez dentro de todo el proceso. A razón de lo anterior el artículo 16 de la Ley 906 de 2004 - Código de Procedimiento Penal – estipulo que dentro del llamado proceso penal solo podrán estimarse como pruebas todas aquellas que fueron producidas, practicadas y eventualmente incorporadas de manera consecuente en audiencia oral, publica y concentrada, de manera que esto evitara contradicciones entre el conocimiento del operador jurisdiccional y lo aplicable al fallo del proceso. Este escenario permitió que los elementos materia de prueba que fuesen recolectados por la fiscalía como posible evidencia, fuesen considerados como evidencia material y adquieran un valor dentro del juicio oral.Universidad Libre Seccional Socorro -- Facultad de derecho, ciencias políticas y sociales -- DerechoThe Colombian State from the introduction of Legislative Act 03 of the year 2002 mutated its penal system, since it asserted the accusatory model in a non-total or absolute way. This completely broke the paradigms that had been held to date with respect to the so-called inquisitive system. Such a scenario allowed orality and publicity to be implemented within the Colombian criminal process as the main pillars to give greater guarantee to the procedural and procedural assets, so that the immediate application is allowed within the entire process. In view of the foregoing, article 16 of Law 906 of 2004 - Code of Criminal Procedure - stipulated that within the so-called criminal process, only those that were produced, practiced and eventually incorporated in a consistent manner in an oral, public and legal hearing may be considered as evidence. concentrated, so that this avoids contradictions between the knowledge of the jurisdictional operator and what is applicable to the failure of the process. This scenario allowed the material elements of evidence that were collected by the prosecution as possible evidence, to be considered as material evidence and acquire value within the oral trial

Discursos pronunciados en defensa del Excmo. señor D. Agustín Esteban Collantes, ante el Congreso de los Diputados y ante el Senado ... con motivo de la acusación formulada contra él ... en el expediente sobre acopio de 130.000 cargos de piedra

Copia digital. Valladolid : Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo, 2009-2010Contiene: Discursos pronunciados por ... Agustín Esteban Collantes. Discurso pronunciado ... por Juan González Acevedo. Discurso pronunciado ... por Manuel Cortin

La argumentación jurídica de Robert Alexy en las sentencias sobre Delitos contra la Fe Pública del 1er Juzgado Penal Liquidador – Sede Central de Huancayo del año 2017.

La presente investigación tiene como propósito Saber el desarrollo de la argumentación jurídica de Robert Alexy en las sentencias sobre Delitos contra la Fe Pública del 1er Juzgado Penal Liquidador – Sede Central de Huancayo del año 2017, a razón de que, existe la posibilidad de que a pesar de tener los jueces capacitación sobre argumentación jurídica, aun así no consiguen motivar idóneamente sus sentencias; de allí que la hipótesis de la investigación es: “Se desarrolla de manera negativa la argumentación jurídica de Robert Alexy en las sentencias sobre Delitos contra la Fe Pública del 1er Juzgado Penal Liquidador – Sede Central de Huancayo del año 2017”, entonces para contrastarla se ha utilizado el método general hipotético deductivo, un tipo de investigación básico o fundamental, un nivel correlacional y un diseño observacional, cuyo instrumento fue la ficha de cotejo, cuyo procesamiento ha sido a través de la estadística descriptiva; finalmente la conclusión más importante de la investigación fue: La justificación externa compromete a 3 sentencias absolutorias donde la valoración de pruebas ha sido mal llevada a cabo, pues el juez desconocía el argumento especial A CONTRARIO, de haberlo hecho, los sujetos activos estarían purgando la pena que ameritaban.Tesi

Mitigación del riesgo de responsabilidad administrativa en consorcios que participan en contrataciones públicas

El presente trabajo de investigación surge ante el análisis de resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado que sancionan de manera solidaria a los miembros de consorcios por la presentación de documentación falsa ante las entidades públicas. El problema se origina en que las empresas, a pesar de contar con herramientas destinadas a individualizar responsabilidades, no definen las obligaciones de aporte documental que corresponden a cada integrante de un consorcio, en los documentos presentados ante las entidades públicas o; haciéndolo lo realizan de manera deficiente, a través de la suscripción de pactos que se contradicen entre sí. Los objetivos de la investigación son determinar la importancia de los consorcios y la necesidad de complementación de prestaciones cuyo desarrollo de forma individual no resulta eficiente, analizar la responsabilidad administrativa solidaria en materia de contrataciones con el Estado y su implicancia en la conformación de consorcios para; finalmente, identificar casuística en la cual el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó de manera solidaria a todos los integrantes de un consorcio por la presentación de documentación falsa, al no haberse definido la obligación de aporte documental en los documentos presentados ante las entidades públicas. La principal conclusión a la que se arriba en el trabajo de investigación es que las empresas no delimitan las obligaciones de aporte documental en la promesa formal de consorcio, en el contrato de consorcio ni en otro documento de fecha y origen cierto; motivo por el cual se exponen al riesgo de ser sancionadas en forma solidaria ante la presentación de documentación falsa, siendo inhabilitadas para contratar con el Estado.Trabajo de investigació